La banca española ha soportado unos costes de, al menos, 7.500 millones de euros en la gestión de los procedimientos de ejecución hipotecaria, según un estudio interno realizado por Alteba, compañía especializada en gestión inmobiliaria. Estos gastos provienen de las ejecuciones y del mantenimiento y la comercialización de los inmuebles embargados a raíz de la crisis económica desde 2007.
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