Según el último informe anual de Amnistía Internacional, el acceso a la vivienda en España es uno de los derechos que se han visto más desprotegidos durante 2012. De hecho, el texto de la ONG concluye que «el Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de los sectores de población vulnerables».
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