Aguirre Newman asegura que las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para proteger a los deudores hipotecarios ante eventuales desahucios, como los supuestos de suspensión por dos años de los alzamientos en casos de ejecución hipotecaria, siendo «perfectamente justificadas», al mismo tiempo «introducen incertidumbre para las entidades financiadoras y los inversores».
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