Tras siete meses desde su entrada en vigor ya se han tramitado más de 99.000 certificados energéticos y ahora, la Comunidad de Madrid, ha impuesto la primera sanción, de 4.000 euros, a un técnico por falseamiento de datos en la emisión del informe. «La información que recogía el certificado no se correspondía con la realidad», señala la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGI), organismo encargado de su registro y control.
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