el defensor del pueblo pide de nuevo a la banca que informe de los derechos de la ley antidesahucios

la defensora del pueblo, soledad becerril, ha remitido una carta la asociación española de banca (aeb) y a la confederación española de cajas de ahorros (ceca) para recordarles que se siguen produciendo actuaciones “no acordes con la legalidad ni con el código de buenas prácticas”. así, insiste en que esto provoca “situaciones graves” en  personas deudoras de buena fe, que no pueden hacer frente a sus compromisos por razones claramente fundamentadas y mencionadas en la ley

por este motivo, la institución reitera que es necesario que las entidades financieras informen a los ciudadanos de los derechos que se les reconoce en la ley antidesahucios, aprobada el pasado mes de abril

el defensor del pueblo explica en su nota que  la legislación actual permite a los deudores que se encuentren en fase de inicio o en curso del procedimiento de ejecución hipotecaria y que reúnan y acrediten las condiciones establecidas, ser avisados de la posibilidad de continuar en la vivienda tras la finalización del procedimiento de ejecución

asimismo, destaca que el código de buenas prácticas permite que los deudores puedan reestructurar la deuda, fijar una quita y, en última instancia, acceder a la dación en pago

el presidente de la aeb, miguel martín, ha contestado a la defensora que hará llegar su carta a las entidades que integran la patronal bancaria y que, por tanto, mantiene el compromiso adquirido con la institución hace unos meses. en mayo, y a instancias de la defensora del pueblo, tanto la aeb como la ceca recomendaron a sus entidades asociadas que informasen a los deudores hipotecarios de los derechos que les otorga la nueva legislación

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el defensor del pueblo pide a la banca que aplique con transparencia el nuevo índice que sustituye al irph

el defensor del pueblo ha pedido que las entidades financieras expliquen a sus clientes, en un lenguaje fácilmente comprensible, cómo les afecta el nuevo índice hipotecario que sustituye al irph, el modo en que se va a aplicar o se ha aplicado la sustitución y las modificaciones que ello les supondrá en la cuota a pagar

La Institución que dirige soledad berrecil ha realizado tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y al Banco de España para que insten a las entidades financieras a utilizar con mayor transparencia el nuevo índice hipotecario que sustituye al anterior IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios)

La desaparición del IRPH fue anunciada en octubre de 2011 pero el nuevo índice que lo sustituye no ha entrado en vigor hasta el pasado 1 de noviembre, tras la aprobación de la Ley de Emprendedores

Durante este tiempo, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas que expresaban desconfianza respecto al método en que el IRPH se había calculado desde que se anunció su desaparición, porque el índice desaparecido no dejaba de crecer, mientras que el otro gran índice de referencia hipotecario, el Euríbor, descendía rápidamente

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el defensor del pueblo pide a fomento que pague las ayudas reconocidas para la subsidiciación de vpo

el defensor del pueblo ha pedido al ministerio de fomento que revise el criterio interpretativo con el que se han denegado ayudas a la subsidiciación de préstamos para la compra de vpo y que pague las ya reconocidas. el real decreto-20/2012 suprimió la subsidiación de créditos para la compra de vpo en el plan estatal de vivienda 2009-2012 pero dejó en el aire qué ocurriría con las prorrogaciones de planes anteriores. no obstante, fomentó comunicó a las ccaa que esa norma debía interpretarse como que la supresión afectaba a todos los planes estatales de vivienda

esta interpretación, basada en un informe jurídico interno, del organismo que dirige ana pastor implicaba que denegase cualquier solicitud nueva o en trámite acogida a los planes anteriores. sin embargo, no todas las ccaa aplicaron esa interpretación de fomento. por eso, algunas administraciones han seguido reconociendo las ayudas financieras recogidas en planes de vivienda anteriores a 2009. “sin embargo, los beneficiaros no han podido cobrarlas al no contar con el visto bueno del ministerio”, expresa el defensor del pueblo en una nota

en este sentido, el organismo que dirige soledad berrecil considera que el rdl 20/2012 sólo anula las ayudas contenidas en el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 y no las anteriores. también cree que una “interpretación tan extensiva de la ley no es adecuada desde la perspectiva de la garantía de los derechos de los ciudadanos” y recuerda una reciente sentencia que obligó a la comunidad valencia a seguir abonando estas ayudas

recomendaciones

la institución ha redactados varias recomendaciones para que fomente deje de aplicar ese criterio, al entender que  interpretó “de manera extensiva” el artículo 35 del real decreto-ley 20/2102

además, ha pedido al ministerio pague las ayudas reconocidas por las ccaa y que se comunique el criterio interpretativo para que las administraciones autonómicas revisen de oficio las resoluciones que hubieran denegado, antes de la entrada en vigor de ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas, que, ahora sí, suprime todas las ayudas referidas a planes de vivienda anteriores

el pasado mes de julio el ejecutivo aprobó la ley de medidas destinadas a fomentar el alquiler. la norma recogía una disposición adicional en la que se establecía que se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas antes del 15 de julio de 2012, siempre que cuenten con el beneplácito del ministerio de fomento y que éstos se hayan formalizado en un plazo máximo de dos meses desde la entrada de vigor de la ley

la sorpresa para los hipotecados de vpo con este tipo ayudas a la compra llega al seguir leyendo la nueva ley. “no se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda”, recoge el texto

esto supone que las familias que tenían reconocida la subsidiación de los préstamos para la compra de vivienda no podrán ya optar a prorrogarlos otros cinco años más, tal y como recogía hasta ahora la legislación

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