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el ejecutivo ha dado un nuevo balón de oxígeno a las promotoras con problemas financieros. la enésima salvación viene recogida en el real decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, en el que se “renueva” una moratoria contable que permite –un año más- que las inmobiliarias no tengan que reforzar su capital pese a las pérdidas sufridas por el deterioro del valor de sus activos. si no existiese es paréntesis legal muchas firmas del sector entrarían en causa de disolución, lo que las haría inviables a futuro

contra todo pronóstico y pese a las advertencias del año pasado, el gobierno ha preferido ser benevolente con el sector inmobiliario. en concreto, con aquellas firmas del ladrillo que arrastran grandes pérdidas como consecuencia de la depreciación que han sufrido durante la crisis

el ejecutivo aprobó a comienzos de marzo el real decreto-ley 4/2014 por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y de reestructuración de deuda empresarial. si bien el grueso de esta norma dibuja un nuevo escenario en lo se refiere a las renegociaciones de deuda también habla de otro de los problemas que afectan a numerosas firmas del ladrillo: las pérdidas que se derivan de la pérdida de valor de sus activos

así, la disposición final séptima vuelve a rescatar a las promotoras que ven cómo no tendrán que computar en sus balances las pérdidas que proceden de la depreciación de sus suelos o viviendas

el hecho de que una inmobiliaria no compute a nivel de patrimonio las pérdidas derivadas de la caída del valor de sus activos evita que tenga que activar procesos de emergencia recogidos en las normativas contables. si esas pérdidas se contabilizasen, tal y como debería hacerse si no existiese la moratoria, muchas firmas del negocio entrarían en causa de disolución

en la terminología contable, una compañía entra en causa de disolución cuando su patrimonio neto se sitúa por debajo de la mitad de su capital social. en otra palabras, cuando la diferencia entre el valor de los activos y las deudas de una empresa es inferior a la mitad del dinero aportado por sus socios. si esto ocurre, la compañía debe en principio disolverse, tal y como recoge el artículo 363 de la ley de sociedades de capital, o buscar alternativas para equilibrar sus cuentas

la moratoria se prolonga desde 2008

esta “respiración asistida” fue aprobada inicialmente por el gobierno de josé luis rodríguez zapatero allá por el año 2008 y consistía en la concesión de una moratoria contable durante dos años a las inmobiliarias al eximirles de la obligación de contabilizar las pérdidas “que se derivan del deterioro del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias”. es decir, que las firmas del ladrillo no tenían que asumir la depreciación de valor que han sufrido sus activos

desde hace seis años esta moratoria se ha ido prorrogando hasta en cinco ocasiones. dos de ellas, con el partido socialista en el poder y otras tres, ya con el partido popular. la primera del gobierno de rajoy fue en febrero de 2012 cuando concedió doce meses más de gracia con el decreto-ley 2/2012 de saneamiento del sector financiero. la fecha de caducidad de esa tercera prórroga era el 4 febrero de 2013

pero a finales de febrero del año pasado el ejecutivo tuvo que auxiliar de nuevo al sector dándole otros doce meses más. no obstante, en aquel texto la administración alertaba de que podía ser la última vez que el sector inmobiliario disfrutase de esta medida

así, señalaba que “dado que el proceso de consolidación bancaria va a suponer una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles, se hace necesario la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del sector”. “se prevé”, continuaba, “que esta será la última prórroga que haga falta ya que los ajustes en el activo de las entidades en los últimos años van a suponer un correlativo ajuste en el pasivo”

sin embargo, el ejecutivo erró en sus previsiones y ha optado prolongar de nuevo la moratoria hasta el cierre de 2014 y esta vez, se ha abstenido de vaticinar qué puede ocurrir cuando finalice este plazo

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