la institución del defensor del Pueblo ha decidido no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y del alquiler social. el órgano que dirige soledad berrecil cree que su intervención ante el tribunal constitucional no es "necesaria" tras haber interpuesto el psoe un recurso por este asunto
según explica el defensor del pueblo en una nota, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios pidieron a la institución que presentara como recurso un texto cerrado preparado por estas dos asociaciones, a lo que se les respondió recordando que el Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Ley Orgánica que lo regula, "está obligado a actuar con plena libertad e independencia de criterio"
además, indica que este asunto ha sido sometido ya al Tribunal Constitucional, dado que parlamentarios del Grupo Socialista han presentado un recurso contra la citada norma. "La intervención de la Institución no es por tanto necesaria para asegurar la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico", destaca
asimismo, el defensor del pueblo considera que esta ley contiene "elementos positivos" respecto de la regulación anterior, si bien es todavía necesario establecer un procedimiento de insolvencia de las personas físicas "para facilitar pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad". Además, añade que cree preciso aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, "una solución razonable"
Además, recuerda que En abril de 2013 la Institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias. También se pidió limitar los elevados intereses de demora y los gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes que dote al juez de mayores facultades de decisión
por otro lado, reclamó a la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la Ley. por todo ello, el Defensor del Pueblo recalca que sigue siendo necesario "reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para impedir los efectos nocivos que se han producido"
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